Aunque la noticia apareció en
diversos medios de comunicación hace ya unas semanas —“casualmente” en vísperas
de las elecciones, que en Gasteiz ganó el candidato del Partido Popular, Javier
Maroto, con un discurso alimentado precisamente por este tipo de noticias— [ver
El Correo 20/05/11, ABC 19/05/11 y Deia 20/05/11], estos días ha vuelto a salir
a la palestra en alguna tertulia radiofónica, por lo que conviene recordarla y
no dejar pasar por alto semejante maniobra intoxicadora.
La
noticia en cuestión se refería a la detención de una “banda de estafadores que cobraba ayudas sociales”, tal y como
recogían los titulares de El Correo y ABC de manera tendenciosa.
Partiendo de la base de que una estafa realizada mediante la falsificación de
documentos es una actuación ilegal y delictiva, y que salvo que responda a
situaciones de extrema necesidad o persiga algún tipo de finalidad que la
pudiera hacer socialmente comprensible —o al menos no rechazable—, de ningún
modo se trata aquí de justificar, lo que más llama la atención es que tras ese titular
la noticia contenía otro tipo de afirmaciones y comentarios que poco o nada
tienen que ver con lo que en principio era la noticia en sí, pero que
“aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” volvían una vez más a
enturbiar el derecho al cobro de la
Renta de Garantía de Ingresos en base a meras tergiversaciones,
mentiras y falsedades:
- Tras explicar que la “banda de estafadores” había solicitado la RGI mediante una identidad falsa, a renglón seguido todos los medios citan al viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, quien afirmó que “el Gobierno Vasco prepara una reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos para evitar fraudes en su cobro”. En realidad, el señor viceconsejero olvida que el objetivo de esa reforma es el traspaso de la gestión de la RGI desde las Diputaciones Forales y Ayuntamientos a Lanbide, y a ello están dirigidos la práctica totalidad de sus artículos [ver un comentario sobre las enmiendas de los grupos, así como los textos originales]. Sí que es cierto que, además de ese traspaso de competencias, se propone modificar alguna cuestión relacionada con los requisitos de acceso a la prestación —por ejemplo, la famosa propuesta del PP de exigir cinco años de empadronamiento previo en lugar del año que se exige actualmente—, pero tal y como ya explicamos en una entrada anterior [ver aquí] esto en sí mismo ni dificulta ni facilita la existencia de “fraude” o engaño para cobrar la prestación, por mucho que se nos quiera hacer creer lo contrario. Si acaso, suponiendo que se aprobarán estos recortes lo que se estaría haciendo sería dificultar el acceso a la prestación y por tanto hacer que disminuya el número de perceptores/as, pero nada impediría que cualquier “banda de estafadores” pudiera presentar documentación falsa para solicitar la RGI. Lo único que verdaderamente contribuiría a que disminuyera el fraude —da igual que se trate de prestaciones sociales como cualquier otro tipo de fraude, como por ejemplo el fiscal o a la seguridad social— sería que aumentaran o mejoraran los controles respecto al cumplimiento de los requisitos, y no endurecer o restringir estos. Y respecto a ese aumento o mejora del control la propuesta de reforma apenas aporta nada nuevo, —al contrario, nada hace pensar que la capacidad de control de Lanbide vaya a ser mejor que la que hasta ahora han tenido los Ayuntamientos y Diputaciones— por mucho que se pretenda utilizar ese reclamo para “vender” a la opinión pública como una medida de “higiene democrática” lo que no son sino meros recortes de los derechos sociales para contribuir a la consabida reducción del déficit público.
- Tampoco es cierto que “la modificación servirá para que cuando los servicios sociales detecten un fraude se actúe de forma inmediata para suspender los pagos”, por la sencilla razón de que esa posibilidad ha estado contemplada siempre en la Ley y el Decreto [artículo 48 del Decreto de la RGI], y no sólo eso, sino que las Diputaciones llevan años aplicando con total impunidad la suspensión cautelar de la prestación no sólo ante meros indicios de que se pudiera estar cometiendo algún tipo de “fraude” —o simplemente que se ha dejado de cumplir algún requisito, lo cual de por sí no tiene por qué implicar “fraude” o engaño—, sino incluso en base a simples “intuiciones” o “sospechas”.
- Otras dos ideas que se apuntan en esas noticias y que no tienen absolutamente nada que ver con el titular. Por una parte, Javier Ruiz nos recuerda que “esta prestación está ligada a la búsqueda de empleo” y que “aquellos perceptores en edad de trabajar que no participen en procesos de formación o que no se activen en la búsqueda de empleo, les será retirada la RGI”. Efectivamente, sobre eso sí que se habla y mucho en la propuesta de reforma de la Ley, solo que… eso no tiene absolutamente ninguna relación ni con la falsificación de documentos ni con el “fraude” en el cobro de las prestaciones. Lo único que tienen en común es que tanto rechazar una oferta de empleo como falsificar documentos y engañar a las instituciones respecto al cumplimiento de los requisitos se sancionan con la suspensión de la RGI, pero se trata de dos cosas muy diferentes. Y por otra parte, tampoco tiene nada que ver el hecho de cometer “fraude” o engaño con esa idea tan manoseada de que las prestaciones han de ser “únicamente para quienes las necesitan”. Por supuesto que eso debiera ser así, y que quien no necesite la prestación porque ya dispone de otra fuente de ingresos no debería cobrarla —y si lo hace es porque, efectivamente, ha cometido “fraude”—, pero la realidad es que cuanto más se endurecen los requisitos, más personas se quedarán sin poder acceder a ella pese a no disponer de ninguna otra fuente de ingresos —basta recordar que hay miles de personas buscando un empleo sin encontrarlo, y quien afirme que “el que no trabaja es porque no quiere” realmente no conoce el país en el que vive—. Ejemplos de esto los tenemos todos los días: personas a las que su “casero” no permite empadronarse pese a estar pagando una renta, o a las que se les suspende ésta porque heredaron un trozo de terreno que apenas vale unos cientos de euros y nadie quiere comprar ni pueden donar pues supuestamente lo prohíbe la ley de la RGI, etc.
- Por último, ya hemos comentado también en alguna otra ocasión [ver entrada] que en realidad detrás de este tipo de noticias que insisten en relacionar actuaciones delictivas con las personas perceptoras de la RGI —cuando según los propios datos del Ayuntamiento de Bilbao, se trataría de un caso entre mil— lo único que se oculta es el mal disimulado intento de criminalizar y desprestigiar a esas personas para facilitar y hacer socialmente más asumibles los recortes en los derechos sociales que desde que comenzara la mal llamada “crisis” —pues algunos siguen haciendo tanto dinero o más que nunca— amenaza en toda Europa con desmantelar lo poco que aún nos quedaba en pie de ese proyecto de Estado del Bienestar que en estas tierras nunca llegó a fraguar del todo. Y que en el caso de la retirada progresiva de las prestaciones sociales, su mayor y más firme partidaria es la patronal, que persigue privarnos de la única fuente de ingresos alternativa —en nuestro caso, la RGI— para que quienes no tienen empleo estén dispuestos a aceptar cualquier oferta de trabajo aun en las peores condiciones y con salarios de miseria, y quienes lo tienen sientan la presión y la “competencia” de los desempleados para forzarles a aceptar congelaciones o disminuciones de los salarios y en general un empeoramiento de las condiciones de trabajo —horarios, flexibilidad, salud laboral, etc—.
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