[Todas las citas entrecomilladas y en cursiva están tomadas
de varias noticias aparecidas estas semanas en los medios de comunicación. Por
razones de espacio no vamos a mencionar en cada una de ellas la fuente, pero de
todas formas a continuación tenéis los links a las principales de esas
noticias, y para el resto basta con copiar unas palabras en un buscador para
acudir directamente a la fuente]
Maroto exigirá 5 años de antigüedad en el padrón…
El PP pide retirar las ayudas sociales a los que rechacen un
puesto de trabajo
5 años para cobrar ayudas sociales
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110508/politica/anos-para-cobrar-ayudas-20110508.html
Se veía venir. La indisimulada campaña mediática que desde
hace ya varios años viene lanzándose desde las páginas del diario El Correo,
con la inestimable colaboración del Negociado de Control e Inspección del
Ayuntamiento de Bilbao en el papel de suministrador de los ingredientes más
adecuados para cocinar esas noticias y relacionar constantemente «fraude»,
«inmigración» y «delincuencia» con «ayudas sociales», además de ese otro
objetivo del que ya hemos hablado en otras ocasiones —generar sentimientos de
culpa, vergüenza, desconfianza… que conviertan en socialmente más asumibles e
incluso deseables lo que no son sino
meros recortes en los derechos sociales, similares a otros muchos que estamos
sufriendo en toda Europa— está sirviendo también de alimento para engordar
cierto tipo de caladero electoral en
el que sólo unos pocos aspiran a pescar.
Entre ellos, el principal aspirante es
el Partido Popular, que ya anunció el pasado 11 de abril la propuesta que se
está convirtiendo en algunos lugares, particularmente en Vitoria-Gasteiz, en la
piedra angular de su campaña electoral: endurecer los requisitos de acceso a la RGI, elevando el plazo mínimo
de empadronamiento hasta los cinco años para, en teoría, acabar con el “fraude”
en esas prestaciones.
El patrón que sigue este tipo de campañas es prácticamente
calcado a otros que han sido o están siendo usados en otros momentos y lugares.
Lo que el diario El Correo, el PNV de Bilbao ―a través del Negociado de Control
e Inspección― o el Partido Popular hacen es jugar con los sentimientos de miedo
o incertidumbre, rabia y frustración de miles de personas, para ponerlos al
servicio de unas medidas que, lejos de situarlas en una mejor posición, lo
único que servirían es para hundirlas aún más en el agujero. Y además lo hacen
recurriendo a datos o afirmaciones que tienen poca o ninguna relación con la
realidad, un burdo recurso a la mentira
que en el fondo no busca un debate de ideas, argumentos o alternativas
sociales, sino que la gente descargue toda su rabia y su frustración contra el
más débil, el que tiene al lado y que para nada es responsable de la crisis. A
grandes rasgos la secuencia vendría a ser: tenemos un sistema de protección
social que es justo y hay que defender, pero en el cual cada vez hay más abusos
e injusticias al beneficiarse de él
muchas personas que “no lo merecen” mientras que “quienes realmente lo
necesitan” no pueden hacerlo; además, los
otros (léase inmigrantes, o anteriormente gitanos/as) ponen en peligro la
sostenibilidad y viabilidad misma del sistema, y nosotros —la derecha, llámese Partido Popular, Verdaderos
Finlandeses o Jean-Marie Le Pen— tenemos la “valentía” y la firmeza que otros
no muestran para salvar ese sistema, haciendo más difícil que “quienes no lo
merecen” cobren las ayudas. Este vendría a ser el discurso “oficial”, aunque el
mensaje que puede leerse un poco más entre líneas es mucho más egoísta y menos idealizado o ideologizado: la situación se está poniendo realmente complicada y
alguien va a tener que pagar los platos rotos, así que mejor empezar a apuntar
con el dedo a otros antes de que me toque a mí… Veamos algunos de esos
argumentos:
Paso uno. Vincular
las ayudas sociales con conductas
indeseables, como el fraude e incluso el delito:
- “No podemos seguir permitiendo un sistema en el que haya bolsas de fraude de gente que comete robos y hurtos y, al mismo tiempo, esté cobrando 900 euros al mes de ayuda social y, por otro lado, haya personas que realmente sí necesitan esa ayuda y no la están recibiendo”
- “En los años 80 pudo dar un resultado sobresaliente, pero ahora es deficiente». Una conclusión a la que ha llegado tras conocer casos documentados de «gente que comete robos y cobra 900 euros al mes»”
- “«No podemos permitirnos el lujo de estar pagando a delincuentes», ha señalado. Por ello, su formación ha planteado una batería de medidas para acabar con estas actitudes fraudulentas, como crear «la figura de inspección», establecer un sistema de sanciones, agilizar los trámites para la suspensión de las subvenciones o coordinar a Ertzaintza y Policía Local con los trabajadores sociales. El candidato popular a la Alcaldía ha defendido, pues, «una revisión general de la normativa»”
Paso dos. Al mismo tiempo, exculpar a la
“gente de bien” y asegurar que no se pone en cuestión la existencia de las
ayudas en sí:
- “Maroto ha advertido de que la mayoría de esas ayudas llegan a manos de quienes las necesitan aunque existen otros casos donde se da la situación contraria”
- “Y es que, a pesar de que son «imprescindibles y un derecho innegociable», el 'alcaldable' popular cree que es hora de establecer…”
- “..con el fin de que el mantenimiento de estas prestaciones, de las que ha afirmado que resultan «innegociables»”
- “Maroto ha recalcado que para su partido las ayudas sociales son un derecho fundamental que van a defender siempre pero que…”
Paso tres. Pero no todos los que las
necesitan las reciben, por lo que se produce un tremenda injusticia:
- “Hay mucha gente que se está aprovechando y, por el contrario, hay personas que sí necesitan una ayuda y no la están teniendo”
- “«No hay que mirar para otro lado», ha insistido tras asegurar que también hay familias que necesitan ese dinero y no lo perciben por no estar actualizada la normativa”
- “ya que hay gente que está cobrando ayudas de manera fraudulenta y en otros casos, personas que de verdad lo necesitan no las están recibiendo”
Paso cuatro: hay que hacer frente a esa
injusticia de manera decidida y urgente a través de medidas dirigidas a acabar
con el “fraude” —responsable último de esta injusticia—, quitando las ayudas a
quienes no las merezcan para dárselas a quienes las necesitan:
- “tanto él como Garrido hicieron un llamamiento al PSE y al PNV para que hagan un ejercicio «de responsabilidad» y que no pierden la «oportunidad de cambiar la normativa para que las ayudas lleguen a quien lo necesite en lugar de mirar hacia otro lado y decir que en Vitoria no hay fraude»”
- “Ambos políticos han coincidido en la necesidad de abrir un debate con valentía en esta materia en el Parlamento Vasco, donde Laura Garrido espera contar con la sensibilidad y el consenso de todos los grupos parlamentarios, (…). «Hemos decidido abrir el melón. Necesitamos con valentía modificar el proceso para percibir las ayudas sociales». En este sentido, ha hecho un llamamiento a los partidos socialista y nacionalista de Vitoria para que «no miren a otro lado y colaboren en conseguir un sistema que permita percibir estas ayudas a quienes verdaderamente lo necesitan»”
- “El PP dice que hay que ser más exigente para que el dinero llegue «a quien de verdad lo necesita»” (entradilla de El Correo, 8 de mayo)
- “el candidato popular tratará de poner orden y acabar con los supuestos casos de fraude,(…). Se trata de buscar un equilibrio y una justicia en la adjudicación de estas ayudas”; “Por ello, su formación ha planteado una batería de medidas para acabar con estas actitudes fraudulentas, (…). El candidato popular a la Alcaldía ha defendido, pues, «una revisión general de la normativa»”
- “hay que actualizar la forma de concesión de los años 80 porque ahora no funciona ese sistema”
- “El modelo actual ha derivado en una bolsa de fraude muy importante y la necesidad de poner orden en este asunto es ya un clamor social”;
En fin, que esta lógica conduce a lo que ya conocemos: miles
y miles de trabajadores/as y personas en situaciones económicamente precarias votando
a partidos que, lejos de garantizar las prestaciones sociales, lo que prometen es
precisamente recortarlas, recortes que en este y otros casos afectarán tanto a
las personas autóctonas como a las extranjeras, como a continuación veremos. Y todo
esto lo logra la extrema derecha gracias a un discurso que apela a los
sentimientos que ya hemos comentado —miedo, frustración, rabia, injusticia…—
más que a los argumentos, y que se mueve en un registro que va de las meras
exageraciones, inexactitudes o medias verdades, a las mentiras y falsedades mondas y lirondas.
Los cinco años de
empadronamiento y el fraude
La propuesta sobre la cual pivota la campaña del candidato
del Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz consiste en elevar el
periodo de empadronamiento y residencia efectiva de los seis meses —AES— o un
año —RGI— actuales hasta los cinco años para la erradicación del “fraude” en
las prestaciones. Así, el candidato a alcalde por Vitoria-Gasteiz Javier Maroto
nos explica en su página web que “lo que
se pretende es garantizar que realmente viven en Vitoria y no que se empadronan
sólo para recibir las ayudas y, en realidad, viven en otra ciudad, como está
ocurriendo ahora en muchos casos. Son innumerables los casos en los perceptores
se empadronan y no vuelven a la ciudad hasta que acumulan los seis meses
necesarios para recibir las ayudas. (…)
Nosotros vamos a defender que se amplíe el tiempo de empadronamiento”, y “ha encuadrado esta modificación dentro de la
batería de medidas que ya viene proponiendo para poner orden y acabar con el
fraude en las ayudas sociales”. Efectivamente, nadie niega que existan
casos de fraude relacionados con el empadronamiento para cobrar las
prestaciones del tipo de los aquí descritos. Sin embargo, hay varias razones que
nos invitan a pensar que la propuesta de aumentar el periodo de empadronamiento
no tiene nada que ver con acabar con el
“fraude”:
- La primera de ellas es que, por sí misma, esa propuesta no tendría ningún tipo de incidencia en el fraude, entendido este como engaño para cobrar las ayudas, pues se trataría de cosas totalmente independientes. Si acaso, al haber menos personas con derecho a percibir la prestación, es casi seguro que los casos de fraude disminuyeran en números absolutos, pero no tendría por qué hacerlo en términos relativos o de porcentaje. De hecho, la idea de que “la propuesta de modificación por la que se pasaría de solo seis meses a cinco años de padrón para los solicitantes, refuerza la transparencia en la utilización de estos recursos” es insostenible desde un punto de vista lógico, pues la transparencia no tiene nada que ver con el requisito del empadronamiento previo y las conductas fraudulentas relacionadas con el empadronamiento podrían seguir dándose con la misma frecuencia que hasta ahora. Cierto es que mantener un engaño durante cinco años es más difícil que hacerlo durante 6 meses, pero también que, dado que la enmienda propuesta por el PP convertiría en requisito “estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se solicite la prestación, y haber estado empadronado y tener la residencia efectiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud”, por una parte el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no tendría ninguna capacidad para controlar si son ciertos o no los datos empadronamiento, pues pueden haberse cumplido en cualquier otro municipio de la CAV; además, ¿qué facultad de clarividencia haría falta desarrollar para saber de antemano —durante esos cinco años previos— quién tienen la intención de solicitar la RGI y quién no?
- El propio Javier Maroto nos aclara dónde ve él la relación entre su propuesta y el control del “fraude”: “ha propuesto que se supervise que los datos que figuran en el padrón coincidan con la residencia efectiva del solicitante de las ayudas”. Bueno, esto ya tiene más de sentido, aunque en este caso lo que contribuiría indudablemente a reducir el nivel de fraude es el control sobre el empadronamiento, y no el hecho de exigir más o menos tiempo en el padrón para acceder a las prestaciones ―por decirlo de modo simple y esquemático: será más fácil el “fraude” en un municipio que exige cinco años de empadronamiento pero en el cual no existe ningún control, que en otro en el que el mínimo exigido son seis meses pero el control es muy riguroso―. Insistimos, lo importante no es que el empadronamiento previo dure más o menos tiempo, eso sería totalmente irrelevante de cara al “fraude”, sino que se ejerza cierto control sobre la veracidad de ese empadronamiento.
- Tampoco encontramos ninguna relación entre esa propuesta el “fraude” en la redacción de sus enmiendas a la ley. Javier Maroto afirmó a la prensa que “el Gobierno Vasco ha presentado el proyecto de Ley y en este momento estamos en el trámite de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios, un trámite que concluye el próximo 5 de mayo. Nosotros vamos a defender que se amplíe el tiempo de empadronamiento”. Pues bien, ya ha pasado el 5 de mayo, el Partido Popular ha presentado sus enmiendas y… ¡sorpresa! Ni una sola mención al tan alarmante tema del “fraude” en las prestaciones, aunque sí es cierto que varias de sus enmiendas van dirigidas a reforzar el control y la inspección en torno al cumplimiento de los requisitos por parte de las personas perceptoras. Pero entre estas enmiendas no estaría la que propone elevar a cinco años el plazo mínimo de empadronamiento y residencia efectiva, en la cual las alusiones al control sobre el fraude desaparecen totalmente para ser sustituidas por una «Justificación de la enmienda» que dice textualmente: “Coherencia, justicia y sostenibilidad del sistema”.
La «justicia» según
el Partido Popular
En realidad, de todas esas noticias se desprende que son la «justicia» o la «sostenibilidad» los
argumentos de fondo con los que el PP justifica su propuesta. En cuanto a
la primera, véase el mensaje de campaña de la candidata Cristina Ruiz en El
Correo del 8 de mayo: “Los populares
creen que las instituciones deben ser «más exigentes» en el reparto de los
recursos. (…) es necesario poner la lupa en el reparto de las ayudas, porque
«son muchas las familias bilbaínas que padecen necesidades y recurren al
Ayuntamiento para que sea solidario con ellos». Cuando eso ocurre «no se puede
permitir que los ciudadanos tengan la sensación de que se han pasado la vida
pagando impuestos a la
Administración y cuando necesitan de su solidaridad se vean en
inferioridad de condiciones para acceder a las ayudas», recalca Ruiz. Por
eso plantea que se ponga un filtro a las demandas de los inmigrantes con
la exigencia de cinco años de empadronamiento” (El Correo, 8/5/2011). O
esto otro: “En lo referente al fraude, el
PP plantea que se «equiparen» los requisitos a la hora de solicitar las
ayudas sociales, ya que no se «exigen los mismos requisitos a las
personas nacionales que a los inmigrantes»”.
Con lo que nos encontramos aquí es con el particular modo de entender la justicia que tiene el PP, además de con una mentira o falsedad de tomo y lomo:
cualquiera que conozca mínimamente estas prestaciones sabe que los requisitos para acceder a ellas son
exactamente iguales para todas las personas; no existen, contra lo que mucha
gente cree, ayudas específicas para inmigrantes; y en todo caso, de haber
alguien en inferioridad de condiciones,
sería la población de origen extranjero, pues se le exige aportar documentación
que la población autóctona no debe presentar y que a menudo resulta muy difícil
de conseguir.
Pero, además de estar basado en una rotunda falsedad y tener
bastante de hipocresía [¿por qué no se repite la misma exigencia de llevar X
años empadronado/a en una ciudad para otro tipo de cosas, como por ejemplo
acceder a un cargo público o a unas oposiciones de funcionario/a?, algo que por
supuesto no estamos planteando, al contrario, cada cual es libre de buscar
trabajo y fijar su lugar de residencia donde desee], el pensar que por el mero
hecho de poner filtros para
dificultar el acceso de ciertos colectivos a las prestaciones van a mejorar
automáticamente las condiciones para el resto no deja de ser una estupidez.
Primero, porque eso no debería afectar ni para bien ni para mal al derecho a la
misma de la población autóctona —es
decir, el que le quiten al que tengo al
lado no implica que automáticamente me lo vayan a dar a mí—, a no ser que
lo hagamos movidos simplemente por el interés propio y el egoísmo puro y duro
—indiscutiblemente, este tipo de sentimientos son lo que subyace a este tipo de
mensajes y discursos— y pensando en una especie de «principio de prioridad
nacional» ante futuros recortes presupuestarios ―“si hay que quitarles las
ayudas a alguien, que se las quiten a otros antes que a mí”―. Pero, sobre todo,
porque por mucho que se nos presenten como medidas dirigidas contra los y las inmigrantes —categoría que en este caso
incluiría a quienes provengan de cualquier lugar que no sea la Comunidad Autónoma
Vasca, claro, incluidas personas de otras partes del Reino de España y lugares
tan cercanos a Vitoria como La
Rioja o Navarra, por ejemplo—, al final está comprobado que quien
termina por verse realmente afectada por este tipo de recortes es sobre todo a
la población local, y además por una doble vía, directa e indirecta:
·
La
directa sería en este caso que, por ejemplo, cualquier persona de
Vitoria-Gasteiz que por cualquier circunstancia hubiera regresado a su ciudad
natal después de un tiempo fuera por cualquier motivo —trabajo, estudios, etc—,
y tendría que esperar al menos dos años
para poder acceder a las prestaciones.
·
Y
la indirecta, que es la que particularmente nos preocupa a mucha gente, es que
las ayudas sociales o rentas mínimas, se llamen como se llamen, siempre han
actuado como una especie de colchón que está ahí para toda la sociedad,
incluido para aquellas personas que nunca van a necesitar de ellas ―lo mismo
que los hospitales están paras todos y todas, aunque haya gente que no lo vayan
a necesitar nunca―, y eso, el saber que pase lo que pase tenemos como mínimo
unos ingresos garantizados, nos ayuda a quienes tenemos un empleo a aumentar
nuestro poder de negociación a la hora de negociar los salarios y las
condiciones de trabajo con los empresarios. O visto desde otro punto de vista,
el que les quiten esas prestaciones a “los inmigrantes” lo único que serviría
es para que esas personas estuvieran dispuestas ―porque lo necesitan― a
trabajar con peores salarios y condiciones laborales, y a que nosotr@s
mism@s no tengamos más remedio que ceder a los chantajes de la patronal, pues si
perdiéramos el empleo ya no tendremos ese último colchón que, si hiciéramos
caso a los discursos del PP, nosotr@s mism@s habríamos contribuido a hacer
desaparecer. Hay que estar ciego para no darse cuenta de que, cuando la derecha
y la patronal cargan contra este tipo de prestaciones, no lo hacen porque estén
“escandalizadas por el fraude” ―ellas mismas son las máximas responsables de
otro tipo de fraude mucho más grave, el fraude fiscal, que se calcula
que nos cuesta unos 10.000 millones de euros a año en la CAV―, sino para tenernos
todavía más a su merced y poder explotarnos al máximo sin que tengamos ninguna
capacidad de resistir a su chantaje.
Los/as inmigrantes,
el ‘efecto llamada’ y la sostenibilidad del sistema
Otro tanto ocurre con la apelación a la «sostenibilidad» del
sitema que podemos identificar varias de estas noticias: “Javier Maroto ha incidido en el mensaje de su partido sobre la
necesidad de incrementar el control sobre las ayudas sociales con el fin de que
el mantenimiento de estas prestaciones, de las que ha afirmado que resultan
«innegociables», no resulte "insostenible". Otra: “El modelo actual, para Maroto, «ha derivado
en una importante bolsa de fraude» a la que «hay que poner un límite», ya que, de
seguir así, el sistema no va a dar abasto”. Y otra más: “A juicio de Maroto, «el sistema de ayudas
sociales en Vitoria ha dejado de ser efectivo. En los años 80 pudo dar
un resultado sobresaliente, pero ahora es deficiente»”. Desde luego,
si hay algo que pueda convertir el actual sistema de garantía de ingresos en
insostenible —además de la mala gestión por parte de Lanbide o las Diputaciones
Forales y la imposición de un numero cada vez mayor de obstáculos y
requisitos—, son las políticas neoliberales de recorte del gasto y
desmantelamiento progresivo del sector público impuestas por las “finanzas
internacionales” para mayor gloria de la libertad de mercado, y que el Partido
Popular defiende entusiastamente.
En cualquier caso, estas de la justicia y la sostenibilidad
son las justificaciones en las que el Partido Popular basa una propuesta de la
que ni siquiera se toma la molestia de intentar disfrazar que el objetivo último impedir el acceso a las prestaciones de las personas inmigrantes.
Es más, si lo que pretende es utilizar ese discurso para captar votos, lo que
debe hacer es plantearlo de manera explícita, y bien que lo hace además: “Vitoria
ha pasado de ser un referente nacional en ayudas sociales a «un destino para
cualquier persona de fuera de la ciudad que esté sufriendo penurias
económicas»”; “Vitoria no puede
estar abierta a quien sólo viene a aprovecharse de las ayudas sociales”;
“el actual portavoz municipal del PP ha
lamentado, que «muchos estén viniendo a nuestra ciudad a vivir» del sistema de
ayudas sociales” (El Correo, 11/4/2011); “un mínimo de cinco años de empadronamiento para poder acceder a ellas
con el fin de que la capital alavesa no se convierta en refugio de
quienes acuden a la ciudad sólo para aprovecharse de ellas”; “El PP también ha contactado con asociaciones
de inmigrantes donde constatan la existencia del 'efecto llamada', por
el que extranjeros de Sevilla, Málaga o Barcelona, por ejemplo, se trasladan
a la capital alavesa”; “Vitoria
ha pasado de ser la ciudad referente en ayudas sociales a una ciudad
referente para cobrar ayudas sociales de forma fraudulenta. Hay que frenar
ya el efecto llamada”.
Varias cosas:
- Nos llevaría demasiado espacio tratar todo lo que se podría en torno al gran mito del «efecto llamada», pero simplemente, ¿de dónde extrae el Partido Popular la conclusión de que las personas que se instalan en Vitoria lo hacen atraídas por la Renta de Garantía de Ingresos, y no por el nivel de vida de la ciudad en su conjunto, incluidas las oportunidades para el empleo, unos servicios públicos de calidad, la existencia de redes sociales de acogida…? ¿Y más aún, que vienen con la intención de cometer fraude? Desde luego, no de los datos y cifras reales, como subraya “el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, quien “recalcó que la presión migratoria en Álava es inferior a la de otras provincias, lo que «no concuerda con el 'efecto llamada'»” (El Correo, 5 de mayo). En El Correo del 15 de mayo podemos leer un especial con el explícito título de "El flujo migratorio se convierte en goteo", y donde se da el dato que demuestra la falsedad de esa idea del "efecto llamada": "Los extranjeros representan el 6,6% del censo oficial de Euskadi, frente al 12,2% de toda España"
- NO EXISTEN AYUDAS ESPECÍFICAS PARA INMIGRANTES, lo mismo que tampoco han existido nunca, o al menos no en los últimos 30 años, ayudas específicas para gitanos/as. Esta es una de la leyenda urbana más extendidas y repetidas, “a los gitanos” o “a los inmigrantes” no les dan ni más ni menos ayudas que a los autóctonos. Lo que existe es la Renta de Garantía de Ingresos y otras prestaciones semejantes —Prestación Complementaria de Vivienda, Ayudas de Emergencia Social—, y ante ella todo el mundo tiene el mismo derecho, y si acaso, como se dijo antes, las personas inmigrantes están en desventaja, pues hay cierta documentación a la que, dependiendo del país de origen, es mucho más difícil acceder.
- Es cierto que el porcentaje de inmigrantes percibiendo la RGI —el 30% de las 55.000 unidades de convivencia— es mayor que el que ocupan respecto a la población total —en torno al 7%—, pero eso responde simplemente a que muchas de esas personas no tienen permiso de trabajo, y en general a que la pobreza entre las personas inmigrantes es mayor que entre la población autóctona. En cualquier caso, pretender que eso esté poniendo en riesgo el sistema en sí, además de una nueva estupidez —el presupuesto para la RGI, 390 millones de euros, no representa más que un pequeño porcentaje del total del gasto social, por lo que para nada representa un problema para las arcas públicas mayor que el que puede suponer otro tipo de gastos sociales que, curiosamente, nadie cuestiona—, es un nuevo argumento falaz y demagógico, pues la población inmigrante tomada en su conjunto es cotizante neta, es decir, cotiza más —a través de los impuestos o las cotizaciones a la Seguridad Social— de lo que recibe —a través de las prestaciones o servicios públicos—. Si a esto le unimos el hecho de que durante muchos años —y aun hoy en día— se han estado ocupando de aquellos trabajos más desagradables y peor pagados que la población autóctona no queríamos hacer, y que gran parte de nuestra riqueza sigue viniendo directamente del expolio de los países del Sur… habría que dejar de lado las demagogias y preguntarse, con toda franqueza, quién se está aprovechando de quién.
El «agravio
comparativo» entre quienes “cobran sin
merecerlas” y quienes “realmente las
necesitan pero no las están recibiendo”
Este es uno de los puntos fuertes de este tipo de discursos
demagógicos, populistas y tramposos. Se trata de una línea argumental que no se
centra tanto en el chivo expiatiorio
de “los inmigrantes”, pero seguiría apelando a otro tipo de sentimientos muy
comprensibles desde el punto de vista humano, pero al mismo tiempo y con todos
los respetos, que demuestran muy poca inteligencia por parte de quienes los
manifiestan, como sería el del «agravios comparativos». Por concretar más esto:
es perfectamente comprensible y en buena parte cierto que, quienes tienen que
levantarse todas las mañanas a trabajar por un salario de 1.200 euros y están
pagando 800 euros de hipoteca, sientan que se está cometiendo contra ell@s una
tremenda injusticia y un agravio comparativo respecto a aquellas familias o
personas que, por ejemplo, viven únicamente de la prestaciones sociales; otra
cosa es que, a la hora de canalizar la legítima rabia y frustración que puedan
sentir, actuáramos con un poco más de criterio propio y objetividad, y no
siguiendo las burdas intoxicaciones de la extrema derecha.
Sobre la insistencia en criminalizar de las personas
perceptoras —ese “las cobran personas que
no las merecen”— ya hemos hablado en otro lugar [leer],
y desde luego determinados artículos o reportajes del diario El Correo son
dignos de ocupar un espacio como ejemplo de intoxicación mediática en los
programas de estudio de las facultades de periodismo. Y sobre eso de que “hay personas que las necesitan pero no las están percibiendo”, por supuesto que es
así, pero lo que llama muchísimo la atención es que aunque el Partido Popular repite esta idea una y otra vez, en ningún
momento ofrece ningún tipo de explicación sobre a qué puede ser debido que
estas personas no perciban la prestación, y que deberíamos hacer para que esto
no ocurra. Y evidentemente, una de dos:
- O no cobran la prestación porque no la han solicitado, en cuyo caso habría que preguntarse por qué; y se nos ocurre una respuesta, y es que hay miles de personas que, aun reuniendo los requisitos y encontrarse en una situación de penuria económica, no quieren solicitar la RGI por un sentimiento de culpa-vergüenza al que contribuyen enormemente campañas como las que estamos comentando aquí. La solución, por tanto, sería adoptar la línea contraria: dejar de criminalizar a las prestaciones y a las personas perceptoras y dignificarlas, reconociéndolas como lo que son, derechos ciudadanos tan básicos y universales como cualquier otro.
- O no cobran porque no reúnen los requisitos pese a encontrarse en una situación de penuria económica evidente, ante lo cual una vez más lo que habría que hacer es lo contrario de lo que propone el PP, esto es, ampliar los requisitos y facilitar el acceso a las prestaciones, en lugar de restringirlos aún más.
El «control del
fraude»
Y es que una de las ideas que impregna el discurso del PP es
la necesidad de aumentar el control en las prestaciones sociales: “De las medidas propuestas, Maroto ha
recordado la creación de la figura de los «inspectores del control del
fraude» para realizar el seguimiento y
control de de los perceptores de ayudas
sociales y la «revisión de las viviendas y las situaciones familiares en cada
caso», «ya que las asistentes sociales no son quienes tienen que desempeñar una
labor de este tipo». El candidato del PP, también ha apostado por establecer «sanciones» a aquellas
personas que cobran ayudas sociales de manera irregular. «Con el sistema
actual, si se detecta que una persona está cometiendo fraude, se le suspende la
ayuda, pero, si, al día siguiente, esa misma persona vuelve a solicitarla,
volvería a recibirla de nuevo si cumple los requisitos», ha explicado”. En
realidad, todo eso se está haciendo ya y de manera sistemática desde hacer
mucho tiempo, especialmente en Vitoria-Gasteiz, donde a decir de los datos
el “fraude” en las prestaciones sería siempre inferior al 2% de los casos, tal
y como señaló días después el concejal de Asuntos Sociales de Vitoria-Gasteiz,
Peio López de Munain, “quien recordó que
el Ayuntamiento dio de baja del padrón a 1.300 inmigrantes como una de las
medidas contra estas malas prácticas. Además del teléfono contra el fraude, que
ya ha recibido «142 llamadas destapando 11 casos a los que se les ha retirado
la ayuda»”. Aunque también es verdad que en algunos lugares
―particularmente grandes ciudades como Bilbao― puede que exista un cierto descontrol
y desde luego que el control en las prestaciones podría y debería mejorar
mucho, pero siendo siempre especialmente cuidadoso en cuanto a garantizar los
derechos ciudadanos, pues el “exceso de celo” en la supuesta persecución del
“fraude” está llevando en los últimos años a la retirada sistemática de la
prestación a centenares de personas que reúnen todos los requisitos y por lo
tanto no están cometiendo fraude alguno; léanse los comentarios a la nota deprensa del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao de11/03/2011.
De hecho, si una cosa nos ha demostrado la práctica es que
cuanto más duros son los requisitos para acceder a la prestación, más gente “que realmente la necesita” queda fuera
del acceso a la prestación —por ejemplo, es lo que ocurre con las 2 RGIs por
vivienda, o las personas a las cuales su arrendador no da permiso para
empadronarse en la vivienda que están pagando y tienen arrendada—, por lo que
muchas de esas personas se verán empujadas a cometer un “fraude” más que
justificado y que no tiene nada que ver con cobrar más dinero del que debieran
o tener ingresos por más de un lado, sino simplemente cumplir con la finalidad
para la que se instauró la RGI,
que no es otra que tener unos ingresos mínimos garantizados. Si realmente se
quiere acabar con el fraude en las prestaciones, ahí está la propuesta de una
Renta Básica de Ciudadanía universal e incondicional, en donde nadie tuviera
necesidad de mentir o engañar para acceder a la renta pues esta se concedería
automáticamente a todos los miembros de pleno derecho de la sociedad. Otra cosa
sería que la gente mintiera respecto a sus ingresos a la hora de hacer la
declaración de la renta y pagar impuestos, pero ahí estaríamos hablando de otro
tipo de fraude que de hecho ya existe y que por supuesto habría que erradicar
—el fraude fiscal—, pero que mientras tanto no correríamos el riesgo de dejar a
una persona sin ningún tipo de ingresos fuera del sistema de protección por no
reunir este o aquel requisito, como ocurre en la actualidad.
Pero entonces, ¿por qué tanta insistencia por parte del PP
en este tema del «control del fraude», una idea que, vaya por delante, es algo
absolutamente deseable y que por tanto defendemos no sólo en este ámbito de las
prestaciones sociales, sino en cualquier otro de la esfera pública? Porque
parece un auténtico contrasentido que un partido que precisamente lleva años
haciendo bandera de la ideología neoliberal del «más mercado y menos Estado»
y con varios representantes y altos cargos imputados por delitos de corrupción
y cohecho y utilización, centre su campaña electoral en una repentina
preocupación por el buen funcionamiento y salud del sector público. En
realidad, los objetivos de este tipo de discursos son otros bien distintos:
sembrar entre la ciudadanía la impresión de que ese control no existe para
justificar una serie de medidas que, estrictamente hablando, en nada
contribuirían a aumentar el «control», sino que lo único que pretenden es
impedir o dificultar el acceso y el mantenimiento en el cobro de la prestación
al mayor número posible de personas. Lisa y llanamente.
El rechazo de un
puesto de trabajo y la retirada de las prestaciones
En cuanto a la del rechazo
de puestos de trabajo, veamos estas tres afirmaciones de Javier Maroto:
- “Hoy en día, se puede seguir recibiendo ayudas sociales después de haber rechazado hasta en tres ocasiones ofertas de trabajo y no pasa absolutamente nada”.
- “Javier Maroto ha destacado la medida que propone que sólo con un rechazo injustificado a una oferta de trabajo se pierda automáticamente el derecho a percibir ayudas sociales”
- El candidato a alcalde por el PP ha puesto varios ejemplos de fraudes que se cometen en la percepción de estos recursos como el de los casos donde se prefiere seguir cobrando las ayudas y no trabajar con una retribución establecida por convenio. Puso como ejemplo el caso de algunos restaurantes «que no consiguen personal de cocina pagándoles 1.100 euros porque prefieren cobrar los 908 de las ayudas. Eso no se puede permitir»
La primera de estas dos afirmaciones es absolutamente
falsa. Hoy en día, el rechazo injustificado de una oferta de empleo está
considerado un incumplimiento de una obligación que se castiga con la
suspensión del pago de la prestación durante un mes cuando ocurre la primera
vez; con tres meses de suspensión, la segunda vez; y con la pérdida del
derecho, cuando se da por tercera vez.
Y en cuanto al resto, efectivamente, el PP ha incluido entre
sus enmiendas el retirar la prestación a quienes rechacen una oferta de empleo,
y no sólo eso, sino que su propuesta incluye el sustituir la fórmula actual,
que habla de “quien rechace un empleo adecuado”,
para dejarlo en «empleo» a secas. Es decir, cualquiera persona perceptora de la RGI debería aceptar cualquier
oferta de empleo, independientemente de que las características de una y otro.
Y aquí conviene tener en cuenta que la mayoría de los empleos que están
ofertando desde Lanbide lo son sólo por 6 meses, sin posibilidad de renovación,
y en el sector del "reciclaje" con empreesas como Emaus, por lo que
es muy lógico y entendible que haya personas que entiendan que esos empleos
no aportan absolutamente nada a sus itinerarios de inserción (tengamos en
cuenta que un tercio de las personas que cobran la RGI de hecho ya trabajan,
aunque a tiempo parcial y/o con bajos salarios; otro tercio son pensionistas; y
del resto muchos tienen ya vidas laborales de muchos años en otros sectores en
crisis, como la construcción o la industria). Habrá quien crea que aun así esas
personas deberán aceptar ese tipo de empleos, pero desde luego su único
argumento será el de "castigar" a esas personas por el mero hecho de
ser pobres y haber tenido la osadía de hacer efectivo el derecho a una renta
mínima, y no "ayudarles" a un proceso de inserción que, si alguien
rechaza un puesto de trabajo, es porque no es real, no por ningún otro motivo
(¿cuántos casos habrá en los que alguien rechace un buen empleo y con
perspectivas de futuro por estar cobrando la RGI?, muy pocos, desde luego.
E insulta nuestra inteligencia el PP si pretende hacernos creer, como dice la noticia, que está muy preocupado porque en Vitoria-Gasteiz haya empresas que no encuentran personal de cocina, justo en un momento que cualquier oferta de empleo es respondida por decenas o centenares de solicitantes; no, su preocupación es la misma que siempre han tenido los empresarios y de la que hablábamos anteriormente: con una renta mínima garantizada, la gente no está dispuesta a dejarse explotar tan fácilmente —o por tan bajos salarios y malas condiciones— como si no lo hubiera, eso es lo que realmente preocupa a los empresarios y, por extensión, al Partido Popular.
Además, la señora Gemma Zabaleta ya nos demostró el pasado mes de diciembre que la empleabilidad le interesa únicamente como excusa para retirar la RGI a miles de personas, y no porque realmente crea que se vaya a generar empleo. Hoy mismo hemos conocido dos informes diferentes, uno del BBVA y otro de la Unión Europea, que afirman que la economía española crecerá ligeramente este año y en 2012, pero que no se creará empleo; entonces, ¿por qué tanto marearnos con eso a las personas perceptoras? ¿Cómo puede tener la señora consejera la caradura de intentar suspender la RGI a 6.262 por no estar "disponibles para el empleo" en diciembre, cuando Lanbide sólo tenía 118 ofertas de empleo para toda la CAV?
El falseamiento de
las cifras y los datos
Comencemos por las últimas declaraciones de la candidata a
la alcaldía de Bilbao por el PP, Cristina Ruiz: “La candidata considera insuficiente la labor del actual Negociado de
Control e Inspección, ya que, según sus propios balances, el cobro
fraudulento de ayudas sociales tiene un coste de 400.000 euros al mes para
las arcas públicas” (El Correo, 8/5/2011). Aunque pueda parecer meramente
anecdótico, lo más llamativo es que, del conjunto de afirmaciones y comentarios
que los dirigentes del PP vasco han venido realizando desde que emprendieran
esta particular “campaña” el pasado 11 de abril, esta es la única ocasión en la que se aporta una cifra o cuantía concreta
referida directamente al “fraude” en las prestaciones. En todos los demás casos
se han limitado a utilizar expresiones indeterminadas del tipo “son innumerables los casos”, “el modelo actual ha derivado en numerosas
irregularidades”, “que muchos estén
viniendo a nuestra ciudad a vivir”, “hay
mucha gente que se está aprovechando”, o “bolsas de fraude de gente que comete robos y hurtos”, sin
justificar en qué tipo de datos, informes o estadísticas concretas se han
basado para extraer tales conclusiones.
Al parecer, ese pequeño detalle tampoco pasó desapercibido
para El Correo, pues otorga a esa cantidad de “400.000 euros al mes” un
lugar preferente como titulillo dentro de la noticia. Aunque esto no debería
sorprendernos, si tenemos en cuenta que la
autoría de ese “dato” es responsabilidad del propio diario, quien en su edición del 14 de abril
de 2010 no sólo creó el dato sino que
incluso lo elevó a la categoría de titular [Ver edición digital: El cobro fraudulento de ayudas sociales suma400.000 euros al mes en Bilbao], y ello a pesar de que en aquella ocasión
el propio cuerpo de la noticia indicaba bien a las claras que lo que decía el
titular no era cierto: “El
objetivo es «perseguir las irregularidades y legitimar el conjunto de
las políticas sociales», recalca. Según sus estimaciones, los cobros
indebidos de la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica, suman
unos 400.000 euros al mes en la capital vizcaína”. Ya hemos explicado
en otra parte la diferencia entre
«fraude» e «irregularidades» [leer]
y en qué consisten esos «cobros indebidos» [leer]
que en la gran mayoría de los casos poco
o nada tienen que ver con actuaciones fraudulentas por parte de las
personas perceptoras, sino más bien con un sistemático retraso por parte de la Diputación para
tramitar la información, actualizar los expedientes y dejar de pagar la RGI a quien así lo ha
solicitado, hasta el punto de que casi todas las personas que hemos dejado
en algún momento de percibir la
RGI por haber encontrado un empleo hemos generado al menos
uno o dos meses de «cobros indebidos». Por tanto, la diferencia entre los
conceptos de «cobro fraudulento» y «cobro indebido» va mucho más allá del mero
matiz, por lo que esa sistemática reiteración en el “error de transcripción”
por parte de determinados medios no se nos antoja en absoluto inocente, como
tampoco lo es el uso malintencionado de tales “errores” que hacen
posteriormente los políticos de turno para hacer que calen entre la población
determinados mensajes.
También llama la atención cierta “confusión” que se repite
una y otra vez en estas noticias: los miembros del Partido Popular se refieren
constantemente a los seis meses como
periodo mínimo de empadronamiento necesario para tener derecho a las ayudas
—“no vuelven a la ciudad hasta que
acumulan los seis meses necesarios para recibir las ayudas”, “se pasaría de solo seis meses a cinco años de padrón para los
solicitantes”, “en lugar de los seis
meses que se piden en la actualidad”, etc—, cuando en realidad en el caso
de la Renta de
Garantía de Ingresos y sus predecesoras es y ha sido siempre de un año. Es más, si no fuera porque los
responsables del PP alavés tuvieron bastantes años en sus manos la gestión de
estas prestaciones desde el Ayuntamiento y la Diputación, nos
surgirían incluso serias dudas sobre hasta dónde llega su conocimiento sobre
las mismas, pues respecto de la
Renta de Garantía de Ingresos no se refieren ni una sola vez a ella por su nombre, sino
por el más genérico e indeterminado de ayudas
sociales, o como mucho hablan de las Ayudas de Emergencia Social, obviando
el hecho de que cada una tiene sus propias características, requisitos,
obligaciones… ¿Casualidad? ¿Desconocimiento? ¿Simple dejadez? ¿O tendrá que ver
con la idea de que no hay mejor manera de minusvalorar algo que negarle incluso
su propio nombre, sobre todo cuando este hace referencia a un derecho
consistente en garantizar los ingresos,
mientras que el nombre que estamos utilizando, ayudas, tiene otro tipo de connotaciones? La respuesta nos la da el
propio Partido Popular en este par de afirmaciones:
- «Son muchas las familias bilbaínas que padecen necesidades y recurren al Ayuntamiento para que sea solidario con ellos». Cuando eso ocurre «no se puede permitir que los ciudadanos tengan la sensación de que se han pasado la vida pagando impuestos a la Administración y cuando necesitan de su solidaridad…
- «La gente es solidaria, pero también sabe que hay personas que prefieren cobrar las ayudas mensuales antes que trabajar», o lo que es lo mismo, la gente es solidaria, pero no tonta, con lo cual se utiliza de nuevo un argumento basado en los sentimientos de las personas más que en razones lógicas, una apelación a no pecar de ingenuidad y a no permitir que alguien dejarse llevar por sus buenas intenciones y sentimientos, etc.
Habría que recordar al PP que la Renta de Garantía de Ingresos
no es una cuestión de solidaridad o caridad, sino de justicia social y reparto de la riqueza, y que cuando un ciudadano
o ciudadana se dirige a una institución para solicitarla no está pidiendo
solidaridad, sino ejerciendo un derecho.
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