Hace unos días tuvimos la
oportunidad de escuchar a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma
Zabaleta, comentar con alivio las cifras del desempleo del mes de mayo
ofrecidas por Lanbide [ver noticia]. Sin embargo, lo que tanto en esta como en
ocasiones anteriores ha olvidado es hacer cualquier referencia a la pérdida de
los datos de miles de personas durante el trasvase entre el anterior
Lanbide-Langai y el actual organismo, tal y como denunciaron recientemente diversos
colectivos sociales de Bizkaia el mismo día en que ella hacía esas
declaraciones [ver denuncia]. Un “olvido” digno de tener en cuenta y en el que
esperemos que no pueda permanecer tan fácilmente, máxime teniendo en cuenta que
el grupo parlamentario del PNV le dirigió recientemente una pregunta referida a
ese “pequeño desliz”, en cuya respuesta mucho nos tememos que la consejera
volverá a reincidir en alguna de las tres
mentiras que hasta ahora ha aireado en torno a esa cuestión:
- En un primer momento, la consejera afirmó que la pérdida de datos obedecía a que “la Ley de protección de datos exige que den su conformidad para volcar los currículos de Langai al nuevo Servicio Vasco de Empleo”.
- Posteriormente ofreció una nueva versión, al afirmar que “se han eliminado alrededor de 31.000 expedientes de personas residentes fuera de la comunidad vasca y a otros 29.000 inscritos, dado que ya tenían trabajo”.
- Y por otra parte, también mintió la señora consejera cuando aseguró que “los aproximadamente 60.000 demandantes de empleo inscritos en Langai serán citados por Lanbide para autorizar el volcado de sus currículos al nuevo organismo”, pues casi todos ellos están descubriendo que sus currículos y vidas laborales están completamente en blanco cuando en las propias oficinas de Lanbide cuando por cualquier motivo se están acercando a ellas a realizar alguna gestión. Es más, muchos de ellos han tenido noticia sobre esa “pérdida” de sus datos al recibir una carta de la Diputación Foral anunciándoles la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos por no encontrarse inscritos/as en Lanbide, y es que a efectos de la RGI la falta de cualquiera de esos datos implica ser dados automáticamente de baja como «demandantes de empleo con intermediación laboral».
En realidad, tal y como denunciaban los colectivos
sociales, la verdadera explicación a esta injustificable pérdida de datos es
que no existía modo alguno de fusionar
las dos bases de datos ―Langai e INEM― automáticamente o mediante procesos
informáticos, sino que tendrían que haber revisado y actualizado las 60.000
demandas de empleo “a mano” y una a una, cosa totalmente imposible de hacer
con los recursos humanos y materiales de los que Lanbide dispone actualmente.
Así de simple…
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